Resumen: La Sala declara inadmisible el recurso interpuesto contra el acuerdo del Promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ por el que se decreta el archivo de la diligencia informativa instruida en virtud de denuncia contra el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 7 de El Vendrell, y ello en atención a la falta de legitimación activa de la demandante opuesta por la Abogacía del Estado, teniendo en cuenta la jurisprudencia reiterada según la cual, el denunciante que ha visto archivada su denuncia carece de legitimación pretender en el proceso judicial la imposición de sanciones al juez o magistrado denunciado. La razón no es otra que la eventual sanción no le reportará ninguna ventaja ni le evitará ninguna desventaja, de manera que el interés que le asiste al denunciante es exclusivamente el de la defensa de su entendimiento de la legalidad, pretensión esta que no entraña el interés legítimo que exige el artículo 19 de la Ley de la Jurisdicción.
Resumen: La Sala reitera su criterio establecido en sentencias previas que fijan este porcentaje (30,65%) para la compensación de lo liquidado por SEAT, S.A., ya que el Ayuntamiento de Martorell no ha demostrado una "alteración significativa de las circunstancias concurrentes" que justifique apartarse de la doctrina anterior.
Resumen: La sentencia resuelve el recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial que anuló la sanción impuesta por la Comisión Disciplinaria a un magistrado por incumplir su deber de abstención (art. 417.8 LOPJ), derivada de la denuncia presentada por el ahora recurrente, que había sido magistrado en el mismo órgano judicial que el sancionado. Solicitaba en el recurso la anulación del acuerdo del Pleno del CGPJ con retroacción de actuaciones para poder presentar pruebas y alegaciones, o, subsidiariamente, la anulación del acuerdo con imposición directa de sanción por parte del Tribunal Supremo. La sentencia, tras recordar la jurisprudencia asentada sobre la legitimación activa de los denunciantes en los pleitos contra acuerdos del Pleno del CGPJ, termina por inadmitir el recurso por falta de legitimación activa al constatar que no ostentaba ningún interés legítimo en el pleito.
Resumen: En el caso examinado, el dictamen pericial, valorado con arreglo a las reglas de la sana crítica, no permite a juicio de la Sala desvirtuar esa presunción de acierto de la Ponencia de valores, que se ha redactado atendiendo a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, el Real Decreto 1020/93, de 25 de junio, por el que se aprueban las Normas Técnicas de Valoración y el Cuadro Marco de Valores del suelo y de las construcciones para determinar el valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana y demás normativa que se cita en la propia Ponencia, conforme a los criterios técnicos exigidos legal y reglamentariamente.
Resumen: La sentencia declara la inadmisibilidad del recurso de apelación, al no llegar su cuantía a la suma que permite el acceso a la segunda instancia, debiendo considerarse a estos efectos las cuantías individualmente consideradas de cada liquidación.
Resumen: La demandante en el periodo comprobado se dedujo gastos consignados en facturas falsas derivadas de operaciones inexistentes apreciándose la existencia de simulación absoluta, dejando de ingresar parte de su cuota tributaria así como solicitando y obteniendo devoluciones de manera indebida, por lo que la obligada tributaria se valió de facturas falsas, carentes de sustrato real, ocasionando con esta conducta una defraudación a la Hacienda Pública, disminuyendo la deuda tributaria en el periodo mencionado, situación que no habría sido descubierta y corregida si no hubieran mediado las actuaciones de comprobación por parte de la Inspección de los Tributos, por lo que esta Instancia entiende que su actuación es constitutiva de infracción tributaria, sin que quepa calificar los hechos acaecidos como inducidos por un error, o por el mantenimiento de una postura interpretativa divergente, de donde se desprende la existencia de una conducta intencional que debe ser objeto de sanción.
Resumen: El tribunal declara inadmisible el recurso de apelación por entender que no alcanza la cuantía mínima legalmente prevista, sin que el hecho de discutirse la concreta tarifa aplicable sin negarle la condición de ser una cuestión conceptual y sin cuantía (indeterminada, por tanto) permita la apelabilidad de la sentencia. Todo ello no soslaya el hecho de que lo que se ventila en el pleito son en definitiva las actas de liquidación de cuotas de la Seguridad Social y el litigio tiene la cuantía que corresponde a tales actas.
Resumen: En los supuestos de usufructo hereditario, la fecha de la muerte del causante no perjudica la deuda tributaria que se generará años después, con motivo de la extinción del susodicho usufructo. Y no sin añadir que el dies a quo del cómputo de la prescripción en este ulterior estadio, habrá que situarlo en el momento en el que se consolida la plena propiedad del heredero; a saber: la fecha de extinción del usufructo.
Resumen: El tribunal superior estima el recurso de apelación al entender que la cuestión fáctica a verificar para acceder a la extensión de efectos solicitada era haber realizado el ejercicio psicotécnico sin conocer previamente los criterios de corrección y baremación. Y no, como entendió el juzgado de instancia si la corrección del concreto "test" psicotécnico que realizó el solicitante de la extensión de efectos fue o no debidamente motivada y la existencia o no de prueba.
Resumen: El tribunal revoca la resolución del TEAR entendiendo que el cálculo sobre la extemporaneidad de la reclamación económico-administrativa planteada se realizó equivocadamente, pues este ha de hacerse de fecha a fecha, y si es inhábil el último día, el plazo concluye al día siguiente. La administración se allanó a la demanda presentada.
